Madrid (EFE).- El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes en el Congreso para reformar el delito de sedición con penas más bajas, supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años.
Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del «procés» fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales.
El debate político sobre la reforma de este delito se reabrió recientemente durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2023, aunque tanto el Gobierno como ERC desvincularon ambas cuestiones.
Por su parte, el PP aprovechó la confirmación de las intenciones del Gobierno sobre esta reforma para suspender la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Qué dice el actual código penal y qué propone la reforma
El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal.
Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen «pública y tumultuariamente» para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.
Está penado con entre cuatro y ocho años de prisión, unas condenas que pueden llegar hasta los15 años de cárcel, si quien se alza es una autoridad, que también queda inhabilitada.
Con la modificación, el delito de sedición pasará a denominarse de «desórdenes públicos agravados» y la condena máxima se reduciría de 15 a 5 años de prisión.
Cómo afectaría una reforma a condenados o huidos
Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del «procés» condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.
Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.
No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.
El PP acusa a Sánchez de «humillar» a España
El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «humillar» a los españoles al «rendirse» y pactar la reforma del delito de sedición precisamente con los «sediciosos» y como «moneda de cambio» con el independentismo para facilitar su permanencia en la Moncloa un año más.
Fuentes del PP han subrayado que las leyes no pueden redactarse «en la sede de ERC» por la conveniencia política de Pedro Sánchez y ni la Constitución ni el Estado de Derecho «pueden rendirse» a las necesidades de ningún dirigente político y menos «a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación».
«Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política» alertan.
Desde el principal partido de la oposición se asegura que es posible el entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España, pero «con un PSOE en el que ya no esté Pedro Sánchez», que -denuncian- «ha humillado a una nación que merece un Gobierno más digno del que hoy padece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática».
Por su parte, en un mensaje en redes sociales, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Sánchez, de pagar «puntualmente sus hipotecas» a sus socios para poder seguir en la Moncloa.
Comparecencia de Aragonés valorar el anuncio
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece hoy en la galería Gótica del Palacio de la Generalitat para valorar el anuncio del Gobierno a la reforma del delito de sedición.
No obstante, Aragonès, ya ha celebrado que el Gobierno vaya a reemplazar este delito por el de «desórdenes públicos agravados», lo que considera un paso indispensable para la desjudicialización».
El expresident Carles Puigdemont ha advertido. sin embargo, que el anuncio del presidente del Gobierno, puede ser un «truco», en el que no habría «beneficio político» para los independentistas aunque se redujesen las penas de prisión.
En un hilo de mensajes en Twitter publicado al filo de la medianoche, Puigdemont ha remarcado que tanto Sánchez como la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz hablan de «reformar el delito de sedición», lo que «no es lo mismo» que «vende» ERC.
«El delito no se deroga: se le cambia el nombre y se anuncia una rebaja de penas.» alerta.
