La disposición contempla la figura de “terrorismo medioambiental” para aquellos actos dirigidos contra recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas que, por su gravedad, medios utilizados y finalidad, reúnan las condiciones que la legislación dominicana establece para los delitos de terrorismo, particularmente las previstas en la Ley 267-08.
El decreto deja claro que esta denominación no constituye un nuevo delito ni modifica las condiciones de los tipos penales existentes, sino que establece un marco de actuación preventiva para proteger bienes ambientales considerados esenciales para la seguridad del país.
Dentro de los recursos que recibirán especial atención se encuentran las áreas protegidas, presas, embalses, lagos, canales de riego, acueductos y plantas de tratamiento de agua, además de cuencas hidrográficas, acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos.
La protección también alcanza otros ecosistemas cuya destrucción pueda generar consecuencias de gran impacto sobre el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la seguridad energética, la economía o el equilibrio ambiental de República Dominicana.
Ciudadanos podrán reportar amenazas de forma confidencial
Como parte del nuevo esquema de prevención, las autoridades deberán habilitar plataformas tecnológicas y canales confidenciales de denuncia para que la población pueda informar sobre actividades que representen una amenaza para estos recursos estratégicos.
La disposición contempla igualmente medidas de protección para denunciantes y colaboradores de buena fe, con el objetivo de facilitar que las autoridades reciban información sobre posibles acciones ilícitas sin exponer innecesariamente a quienes contribuyan con las investigaciones.
El Gobierno también busca fortalecer la vigilancia sobre fenómenos como los incendios forestales provocados, actividades ilegales y agresiones contra infraestructuras esenciales, por lo que los organismos encargados de prevenir y combatir el terrorismo deberán incorporar estas amenazas en sus planes operativos.
Crearán política nacional contra el terrorismo medioambiental
El decreto ordena la elaboración de una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, que deberá involucrar a los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Interior y Policía y Justicia, además de organismos de inteligencia, migración y estructuras especializadas en la lucha antiterrorista.
La estrategia tendrá entre sus prioridades la protección de bosques, áreas protegidas y cuencas hidrográficas, así como de las instalaciones vinculadas al suministro de agua potable, saneamiento y energía.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Defensa, por su parte, deberán mantener informado al presidente de la República mediante reportes periódicos sobre riesgos, amenazas, incidentes detectados y resultados de las acciones ejecutadas.
Aunque el decreto asigna al Poder Ejecutivo funciones principalmente preventivas y de protección, cualquier agresión que pueda constituir una infracción penal deberá ser comunicada al Ministerio Público, que tendrá a su cargo determinar las responsabilidades, dirigir las investigaciones y ejercer la acción penal.
Con estas medidas, el Gobierno procura establecer un esquema de respuesta anticipada y coordinación interinstitucional frente a acciones que puedan comprometer recursos considerados vitales para el funcionamiento del país, especialmente el agua, los ecosistemas y las fuentes de producción alimentaria.
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