A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que dará seguimiento a la evolución de las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Mirex recordó que el pasado 23 de julio de 2026 el Gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora acreditada en Managua. Desde entonces, la representación diplomática de República Dominicana en Nicaragua se mantiene a nivel de encargado de negocios interino.
La institución no ofreció detalles sobre las razones que llevaron al Gobierno nicaragüense a disponer el cierre de su sede diplomática en Santo Domingo.
“La República Dominicana continuará dando seguimiento a la evolución de las relaciones bilaterales, conforme a los canales y prácticas establecidos en el ámbito diplomático”, señaló la Cancillería en el comunicado fechado este 9 de septiembre.
La decisión marca un nuevo episodio en las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Nicaragua, tras el llamado a consultas de la embajadora dominicana en Managua ocurrido en julio.
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Contexto
Se cuerda que el Gobierno de República Dominicana condenó en los términos más enérgicos las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
República Dominicana consideró que una declaración de esta naturaleza supone un desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
«Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla», establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. El Gobierno dominicano recordó que la celebración de elecciones periódicas y el respeto al sufragio universal y secreto, el pluralismo político, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho son elementos esenciales de la democracia representativa.
Asimismo, República Dominicana sostuvo que ningún Gobierno puede privar unilateralmente a un pueblo de expresar su voluntad mediante el voto ni cerrar la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
El Gobierno dominicano exhortó a las autoridades nicaragüenses a reconsiderar su posición y garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población, incluido el derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas.
Tras las declaraciones de Ortega, realizadas el 1 de septiembre, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que, según sus críticos, restringe la participación de partidos opositores en los procesos electorales y amplía de seis a siete años el mandato presidencial. La iniciativa ha generado cuestionamientos de Estados Unidos y otros países de la región.
La reforma, respaldada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, superó su primera votación en la Asamblea Nacional.
Murillo anunció posteriormente que la enmienda será sometida a una segunda votación a partir del 18 de enero, debido a que la legislación nicaragüense establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas en dos sesiones legislativas diferentes antes de entrar en vigor.
El proyecto también contempla ampliar de seis a siete años los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como los períodos de los jefes del Ejército y la Policía.
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