SANTO DOMINGO.– El asesinato de un taxista durante un presunto asalto en Santo Domingo Este, el homicidio de un comerciante en Los Alcarrizos y otros hechos violentos en los que se ha señalado a menores de edad han vuelto a poner en discusión la delincuencia juvenil en República Dominicana.
Detrás de estos casos, especialistas y estudios sobre adolescentes en conflicto con la ley penal identifican una combinación de factores familiares, emocionales, educativos y comunitarios que pueden aumentar la vulnerabilidad de niños y jóvenes.
La preocupación no se limita a la gravedad de los delitos. También alcanza la capacidad del Estado y de las familias para prevenir estas conductas, atender a los adolescentes involucrados y evitar que vuelvan a delinquir después de entrar en contacto con el sistema de justicia. Los casos recientes permiten observar distintas expresiones del problema, aunque no todos responden necesariamente a las mismas causas.
Casos recientes que involucran a menores
Entre los hechos reportados durante los últimos meses figuran los siguientes:
- Muerte de un taxista en Santo Domingo Este (octubre de 2026). El taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, murió a tiros el 16 de octubre durante un presunto asalto debajo del paso peatonal de la autopista Las Américas. La Policía informó el 19 de octubre del arresto de un adolescente de 17 años por su presunta participación y señaló a otros tres menores como posibles implicados, quienes permanecían prófugos al momento de la publicación. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los agresores habrían solicitado un servicio de transporte para luego atacar al conductor y despojarlo de sus pertenencias.
- Homicidio de un comerciante en Los Alcarrizos (junio de 2026). La Policía informó el arresto de tres adolescentes señalados como presuntos responsables de la muerte de Francisco Antonio Reyes Plasencia, conocido como Pony, de 56 años. El hecho ocurrió el 29 de junio en el sector Pueblo Nuevo. Según las investigaciones preliminares, el grupo habría actuado junto a otros dos jóvenes para despojar al comerciante de dinero, prendas, tarjetas bancarias, llaves de su negocio y su vehículo. El caso continuaba bajo investigación.
- Asalto a turistas polacos en Santo Domingo Este (junio de 2026). La Policía reportó el apresamiento de dos adolescentes de 16 y 17 años señalados como integrantes de un grupo dedicado a asaltar y robar teléfonos en el Parque del Este y zonas próximas. La investigación se inició tras la denuncia de una pareja de turistas polacos que fue despojada de celulares, dinero, documentos y otras pertenencias; uno de los extranjeros resultó herido con un arma blanca. En los operativos posteriores, las autoridades recuperaron 34 teléfonos celulares con reportes de robo.
- Muerte de una adolescente dentro de un hogar de paso de CONANI (junio de 2026). Tres menores fueron señaladas por su presunta vinculación con la muerte de una adolescente de 14 años que permanecía bajo tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. El Ministerio Público atribuyó provisionalmente el hecho a un homicidio y las adolescentes recibieron una medida cautelar de internamiento provisional por 30 días. El caso plantea interrogantes sobre la convivencia, la protección y los mecanismos de supervisión dentro de los espacios destinados al cuidado de menores.
- Asalto y homicidio de un hombre de 70 años en La Romana (marzo de 2026). La Policía informó el arresto de dos adolescentes, de 16 y 17 años, señalados por su presunta participación en la muerte de un hombre durante un asalto en el sector Pica Piedra, del municipio Villa Hermosa. Según el informe policial, los implicados habrían entrado a la vivienda con armas blancas para robar dos teléfonos celulares y la víctima habría resultado herida mortalmente al oponer resistencia. Las autoridades indicaron que otras personas también estarían vinculadas al hecho.
- Muerte de un adolescente durante una riña en Cristo Rey (noviembre de 2025). La Policía apresó a un joven de 17 años señalado por la muerte de otro adolescente de la misma edad, quien recibió una herida de arma blanca durante una riña ocurrida el 9 de noviembre en el Distrito Nacional. La institución informó que el detenido fue puesto bajo control del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.
Estos episodios ocurrieron en circunstancias diferentes: algunos se relacionan con presuntos robos y asaltos, otros con conflictos entre adolescentes y uno tuvo lugar dentro de un centro de protección.
Por ello, no deben presentarse como manifestaciones de una sola causa ni como prueba de que todos los menores involucrados comparten una misma trayectoria familiar o social. En cada caso corresponde a las autoridades determinar la participación individual y las responsabilidades conforme a la ley.
Las cifras reflejan la dimensión del problema
Los registros oficiales también ofrecen una perspectiva sobre la cantidad y el tipo de infracciones atribuidas a adolescentes. Según datos de la Procuraduría General de la República divulgados en junio de 2025, los centros de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal registraron 859 delitos entre febrero y abril de ese año. Entre las categorías más frecuentes figuraban el robo agravado, con 328 casos; la violación sexual, con 179; y el homicidio, con 170.
Esas cifras corresponden a registros de delitos durante un período específico y no equivalen necesariamente a igual número de personas, pues un adolescente puede estar vinculado a más de un hecho. Tampoco permiten afirmar que las infracciones hayan aumentado de forma sostenida sin compararlas con series estadísticas equivalentes de otros años.
En diciembre de 2025, un reportaje publicado por un medio de circulación nacional documentó la preocupación de agentes y especialistas por los reingresos de adolescentes al sistema: jóvenes que pasan por detenciones, regresan a sus familias y luego vuelven a ser vinculados con nuevas infracciones. El trabajo también recogió cuestionamientos sobre la falta de espacios especializados para la rehabilitación y el seguimiento posterior.
Las vulnerabilidades detrás de la conducta
Los estudios sobre adolescentes en conflicto con la ley penal señalan que la conducta delictiva puede estar asociada a la acumulación de distintas vulnerabilidades. Entre ellas aparecen la violencia dentro del hogar, la falta de acompañamiento emocional, las dificultades económicas, la desvinculación escolar y la ausencia de redes comunitarias capaces de ofrecer apoyo y oportunidades.
Una investigación académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicada en 2025 examinó la influencia del entorno sociofamiliar en adolescentes en conflicto con la ley en Santo Domingo Norte. Entre los elementos identificados figuraban la ausencia de uno o ambos progenitores, las dificultades económicas y la falta de apoyo afectivo.
Sus resultados describen la realidad de la población estudiada, pero no deben generalizarse automáticamente a todos los adolescentes del país.
La violencia ejercida contra niños y niñas también forma parte del contexto de riesgo. UNICEF informó en febrero de 2026 que más del 63 % de los niños de entre uno y 14 años en República Dominicana había experimentado disciplina violenta en el hogar. Ese dato no significa que quienes sufren violencia se convertirán en infractores; evidencia, más bien, una situación de protección infantil que requiere atención por sus efectos sobre el bienestar y el desarrollo.
A estos factores pueden sumarse dificultades para controlar impulsos, manejar conflictos y regular emociones, así como el consumo de sustancias, la deserción escolar y la exposición cotidiana a la violencia. Sin embargo, ninguno de estos elementos, considerado de manera aislada, explica por sí solo la comisión de un homicidio o un robo. La conducta de cada adolescente debe analizarse dentro de sus circunstancias particulares y con base en las evidencias del caso.
La prevención y la reinserción como parte de la respuesta
La gravedad de los hechos exige que las investigaciones y los procesos judiciales determinen responsabilidades y protejan a las víctimas. Al mismo tiempo, la prevención demanda identificar situaciones de riesgo antes de que escalen: violencia intrafamiliar, abandono escolar, falta de atención emocional, explotación y ausencia de oportunidades educativas o recreativas.
El desafío continúa después de la intervención de la justicia. La reinserción requiere acompañamiento familiar, continuidad educativa, formación para el trabajo, atención psicológica cuando corresponda y seguimiento comunitario. Si un adolescente regresa al mismo entorno sin apoyo ni alternativas, existe el riesgo de que las condiciones que favorecieron su conducta permanezcan sin cambios.
La delincuencia juvenil no puede atribuirse de manera automática a la pobreza, a la estructura familiar o a un barrio determinado. Tampoco debe utilizarse el contexto social para minimizar el daño causado a las víctimas. El reto consiste en combinar la aplicación de la ley con políticas de prevención, protección y rehabilitación que respondan a las necesidades de cada caso.
Los hechos recientes muestran la urgencia de discutir no solo cómo reaccionar ante los delitos cometidos por menores, sino también cómo evitar que más adolescentes lleguen a ese punto. Para ello, hacen falta estadísticas comparables, investigación de las trayectorias individuales y programas que permitan medir si la intervención del sistema consigue reducir la reincidencia y mejorar las oportunidades de reinserción.
Fuente: Ndigital
