El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, anunció a los medios en las puertas de la universidad que fueron 200 personas las detenidas en el operativo y que se han trasladado una veintena de fiscales a dependencias policiales para verificar que se hayan respetado los derechos humanos de los ciudadanos.
Aproximadamente a las 9:30 de la mañana (14.30 hora GMT), la Policía Nacional de Perú echó abajo con una tanqueta la entrada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingresó al campus para desalojar a cientos de manifestantes, que más tarde fueron detenidos y trasladados a distintas instalaciones policiales.
«En nuestra calidad de defensores de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito estamos constituyendo, no solamente para verificar la situación, sino que también estamos desplegando una serie de actuaciones funcionales como Ministerio Público», señaló Barnechea al añadir que además de los 20 fiscales se han desplazado entre seis y ocho médicos legistas.
Estos profesionales sanitarios verificarán in situ el estado e integridad física de las personas que han sido detenidas.
Dijo que el Ministerio Público había recibido denuncias por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden por parte de manifestantes que acampaban en el campus.
Esta mañana, la Policía Nacional de Perú (PNP) echó abajo con una tanqueta la entrada al campus universitario limeño e ingreso a las instalaciones.
Desde el miércoles, empezaron a llegar a esta universidad cientos de personas de Puno, Arequipa y Cuzco, entre otros puntos del país, que venían a la capital peruana para participar en las grandes marchas convocadas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.
Tras el ingreso de los agentes, policías con equipos antidisturbios se congregaron a las puertas del campus para acordonar la zona. El operativo contó con el apoyo de un helicóptero policial.
Aproximadamente una hora y media después del inicio del operativo comenzaron a salir de la universidad varios buses policiales con detenidos, algunos de ellos esposados, en dirección a instalaciones policiales.
La CIDH pide al Gobierno rendir cuentas por el desalojo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este sábado su «preocupación» por la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas en la Universidad de San Marcos en Lima y señaló que se deben rendir cuentas sobre lo sucedido.
El organismo «exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas», señaló en Twitter.
Su mensaje agregó que los casos de desalojos forzosos son «incompatibles» con los principios del derecho internacional y que, de realizarse, «deben adoptarse medidas necesarias para minimizar su impacto en la población afectada».
«Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», añadió la CIDH.
El Gobierno dice que intervino a petición del centro educativo
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, aseguró este sábado que la intervención de la Policía a la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM), donde acampaban manifestantes antigubernamentales, se hizo «a solicitud» de ese centro de estudios.
«La intervención de hoy en la UNMSM se hizo a solicitud de esta casa de estudios, tal como lo informó el Ministerio del Interior en su comunicado. Seguiremos trabajando para establecer el orden en la decana de América», escribió Otárola en Twitter acerca de la universidad, la más antigua del continente.
En respuesta a uno de los múltiples videos que circulan por redes sociales en el que se puede ver a una madre con su hija, aparentemente arrestados durante la intervención, dijo que ha pedido al Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables que se interese por el caso.
«He dispuesto que un equipo del Ministerio de la Mujer se dirija a la sede policial para verificar si se encuentra una madre y su menor hija, y realice el acompañamiento necesario de ser el caso. Tenemos muy claro que los derechos de los niños y las niñas no pueden ser vulnerados», detalló.
