Aragonès, en declaraciones a EFE, ha salido al paso de esta opción, verbalizada el pasado miércoles desde TV3 por el exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar, Jaume Asens, que instó a JxCat y PSOE a buscar un “punto intermedio” y sugirió una reforma del Código Penal, porque actualmente el delito de terrorismo “permite muchas interpretaciones” por su definición “ambigua”.
Precisamente esta vía, según informa La Vanguardia, es una de las opciones que están explorando JxCat y PSOE, que analizan una posible reforma del Código Penal en relación con el delito de terrorismo.
Esa no es, sin embargo, una solución que convenza al presidente catalán, que considera que la proposición de ley de amnistía que se votó el pasado martes en el Congreso de los Diputados, tumbada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, es “sólida y da cobertura” a todos los encausados por el ‘procés’.
“Más riesgo”
Pese a los cambios que reclama incorporar Junts para evitar posibles interpretaciones restrictivas de los jueces, según Aragonès la proposición de ley de amnistía “no necesita de ninguna enmienda”.
Pero mientras haya margen de tiempo, “siempre se puede explorar si puede haber algún tipo de mejora o de redactado diferente que permita que el acuerdo que no fue posible el martes sea posible más adelante”, ha señalado.
Mas tajante ha sido a la hora de descartar una reforma del Código Penal para modificar el delito de terrorismo: “Yo creo que nos tendríamos que centrar en cómo lo hacemos dentro del marco de la ley de amnistía”.
Entrar a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal, ha advertido, “sería introducir más riesgo y con consecuencias no previstas”.
“El problema no es el delito de terrorismo en el Código Penal, el problema no es el redactado de la ley de amnistía. El problema es el uso arbitrario que están haciendo de la instrucción judicial dos jueces claramente alineados políticamente con la extrema derecha y la derecha española”, ha recalcado.
Así se ha referido a la actuación del juez Manuel García-Castellón, que investiga por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dictó un auto sobre el ‘caso Volhov’ en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con Rusia.
