Ahora N Investiga mostró audios, videos y documentos que evidencian las irregularidades en las licitaciones del INABIE, que van desde descalificaciones posteriormente revertidas, cocinas instaladas a última hora, empresas de reciente creación que obtuvieron contratos millonarios, hasta denuncias sobre una supuesta venta de adjudicaciones e indicios de posibles vínculos entre proveedores que resultaron favorecidos en distintos procesos.
Uno de los casos que más interrogantes genera es el de varios jóvenes residentes en Azua que obtuvieron contratos para suplir alimentos en San Pedro de Macorís. Nayelis Carolina Beltré Beltré, de 24 años, y Luisa Margarita Beltré Beltré, de 23, propietarias de Beltré Beltré SRL, recibieron una adjudicación de RD$48.1 millones, mientras Franniel Ramírez Beltré, de 24 años, obtuvo más de RD$24 millones y Carolin Michel Díaz Beltré, de apenas 19 años, fue beneficiada con un contrato de RD$38 millones.
La investigación señala que algunas de estas empresas fueron registradas apenas meses antes de la licitación y que uno de los jóvenes se inscribió como proveedor del Estado cuando el proceso ya había comenzado. Posteriormente, los mismos proveedores volvieron a ser adjudicados en una licitación para kits de alimentos crudos en la región Este, acumulando, entre los tres, contratos por cientos de millones de pesos.
El reportaje también cuestionó la capacidad financiera que habrían tenido estos jóvenes para asumir operaciones que requieren una inversión considerable antes de recibir los pagos del Estado. Según lo expuesto, para alcanzar una puntuación de 77 puntos en la evaluación de una cocina se requiere una inversión aproximada de RD$3.5 millones solo en equipos, sin contar adecuaciones del local, nómina, combustible, vehículos, controles sanitarios y capital de trabajo. La investigación encontró además cuestionamientos sobre certificaciones financieras utilizadas para acreditar capacidad económica, incluyendo documentos vinculados a Coopsuplider, cuyo estado de inactividad fue confirmado por un miembro de su antiguo consejo de administración. A esto se sumaron visitas de los periodistas a las cocinas de algunos de los adjudicatarios, donde surgieron dudas sobre equipos, instalaciones y la procedencia de parte del personal, varios de ellos procedentes de Azua.
El caso tomó otra dimensión cuando apareció el nombre de Jorge Luis Patricio Ramírez, quien, según el reportaje, habría visitado a un suplidor que denunciaba irregularidades y se habría identificado como propietario de las cocinas de los Beltré; además, comparte apellido con la madre de una de las jóvenes y aparece vinculado a una empresa que también obtuvo una adjudicación millonaria en el mismo proceso.
Las denuncias no se limitaron a San Pedro de Macorís. En Monseñor Nouel, suplidores afectados cuestionaron adjudicaciones por más de RD$1,269 millones y denunciaron que una de las empresas ganadoras habría sido grabada instalando su cocina el mismo día de la inspección.
La investigación también identificó coincidencias entre empresas adjudicatarias, como números telefónicos compartidos entre compañías que participaron y ganaron dentro de un mismo proceso, lo que fue presentado como un posible indicio de colusión que amerita ser investigado. A esto se agregó el testimonio de una suplidora que afirmó que, durante una reunión informal, le solicitaron RD$1 millón por cada mil raciones para garantizar un contrato. Otro oferente entregó a N Investiga un audio en el que una voz no identificada habla de la venta de adjudicaciones por millones de pesos. En Independencia, entretanto, Sabor de Oro pasó de ser descalificada a ser habilitada por una vía extraordinaria y posteriormente obtuvo un contrato de RD$32.6 millones; videos obtenidos por el programa muestran que, días antes, el local permanecía cerrado y sin evidencia de preparación de alimentos, mientras que posteriormente comenzaron a llegar equipos durante la madrugada para habilitar la instalación.
Lo que inicialmente podía parecer una sucesión de casos aislados comienza a adquirir otra dimensión cuando se colocan sobre la misma mesa los nombres que se repiten, las empresas que aparecen en distintos procesos, las descalificaciones que son revertidas, las cocinas que son habilitadas posteriormente, los contratos millonarios y las denuncias sobre supuestas negociaciones de adjudicaciones.
El propio reportaje plantea una pregunta de fondo: si detrás de proveedores que formalmente aparecen como empresas independientes existe una estructura común de personas que financian, organizan o controlan distintas compañías para multiplicar su participación en las contrataciones públicas. De comprobarse alguna coordinación, el problema dejaría de ser únicamente el de expedientes cuestionados y pasaría a involucrar la posible concentración organizada de un negocio que mueve miles de millones de pesos y que tiene como destino la alimentación diaria de cientos de miles de estudiantes. Son demasiadas piezas sobre la mesa como para mirar cada expediente por separado; ahora corresponde determinar quién está detrás de ellas y cómo se están repartiendo los contratos del almuerzo escolar.
