Los abogados sostienen que el documento utiliza precedentes jurisprudenciales desactualizados y omite decisiones más recientes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sobre el plazo razonable de los procesos. Asimismo, alegan que el informe no incluye elementos relevantes del expediente, como el tiempo de prisión preventiva cumplido por el imputado, la ausencia de inasistencias a audiencias y aspectos vinculados al desarrollo del proceso que, según indican, inciden en su duración.
En ese contexto, la defensa atribuye las dilaciones principalmente a actuaciones del Ministerio Público, señalando retrasos en la presentación de la acusación, volumen y manejo de las pruebas, así como decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
También cuestionan que el informe pueda influir en la opinión pública y el curso del proceso, al tiempo que plantean observaciones sobre la actuación de la organización y posibles vínculos de algunos de sus miembros con funciones públicas.
Informe de Participacion Ciudadana
