Msdrid,España . — Los diputados de ultramar del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se encuentran en el centro de un debate público por los considerables privilegios económicos que disfrutan, generando cuestionamientos sobre la equidad y el uso de los fondos públicos. La atención se ha centrado en el elevado salario, las generosas dietas y las exoneraciones de impuestos que reciben estos legisladores, elegidos para representar a la diáspora dominicana.
El sueldo base de un diputado de ultramar asciende a RD250,000 mensuales, totalizando un ingreso de RD$425,000. Este paquete salarial, que supera con creces el ingreso promedio de la mayoría de los dominicanos, se destina a cubrir supuestos gastos de representación y asistencia social, aunque la opacidad en su uso ha sido objeto de críticas recurrentes.
Además del salario, los diputados de ultramar gozan de una serie de beneficios adicionales que elevan su costo para el erario público. Entre estos se incluyen el pago de hoteles y viáticos durante sus estadías en el país, lo que les permite mantener su residencia en el extranjero sin incurrir en gastos de alojamiento durante las sesiones legislativas. Este privilegio ha sido visto como una contradicción con la necesidad de que los legisladores mantengan un vínculo directo con sus electores en la República Dominicana.
Uno de los puntos más controversiales es la exoneración del pago de comisiones y el uso de vehículos oficiales. A diferencia de otros ciudadanos, estos legisladores están exentos de ciertos gravámenes, lo que les permite adquirir automóviles de lujo sin los impuestos correspondientes. Esta prerrogativa ha sido señalada como una fuente de desigualdad y un indicio de la desconexión de la clase política con la realidad económica del país.
Un informe de 2024 revela que un diputado del PRM en La Vega , José Luis Abreu Veloz ,adquirió un Ferrari (modelo SF90 del 2022) ,con una exención de impuestos que superó los 14 millones de pesos. Este beneficio ha generado críticas y ha llevado a propuestas para modificar la ley.
La suma de todos estos beneficios, que incluyen el pago de pasajes aéreos para sus viajes desde y hacia sus países de residencia, asciende a un monto que podría financiar proyectos sociales en las comunidades que representan. Sin embargo, la falta de una rendición de cuentas transparente sobre el destino de estos fondos ha generado desconfianza entre los votantes y ha alimentado el debate sobre la necesidad de una reforma en el sistema de asignación de recursos a los legisladores.
La indignación de la ciudadanía se ha manifestado en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, donde se cuestiona la moralidad de estos privilegios en un país con altos niveles de pobreza.
El clamor por una mayor austeridad y por un uso más eficiente de los recursos públicos se ha intensificado, poniendo en tela de juicio la labor de los diputados de ultramar y la ética de su desempeño.
La situación de los diputados de ultramar no es un caso aislado, sino que refleja un problema sistémico de la clase política en el país. El debate sobre sus salarios y privilegios ha servido como un catalizador para una discusión más amplia sobre la necesidad de una reforma profunda en la forma en que se manejan los fondos públicos y se rinde cuentas a la sociedad.
La pelota está ahora en el tejado de los legisladores, quienes tendrán que responder a las demandas de la ciudadanía y demostrar que su función es servir a la nación, y no beneficiarse de ella.
