Por Leonaldo Reyes
El panorama político de la República Dominicana empieza a teñirse de una tensión silenciosa pero implacable. En los callejones de los barrios populares y en las salas de la clase media, se gesta un sentimiento de descontento que va más allá de la simple queja cotidiana. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente en el poder, camina sobre un delgado hilo social mientras la ciudadanía acumula agravios, midiendo cada paso del gobierno con la fría precisión de quien espera el momento oportuno para actuar.
La metáfora no es exagerada para quienes caminan las calles dominicanas: el pueblo está acechando al oficialismo como un francotirador paciente, con la mira telescópica fijada firmemente en las elecciones de 2028. No habrá ruidos innecesarios ni protestas estériles que desgasten la paciencia colectiva antes de tiempo; la estrategia actual es el silencio vigilante. El voto de castigo se perfila como ese único e irrevocable tiro de gracia que buscará cobrar las cuentas pendientes en las urnas.
El principal detonante de esta silenciosa hostilidad es la crisis energética, un mal histórico que el actual gobierno prometió extirpar pero que hoy lacera con más fuerza que nunca. La tarifa de la luz no solo se ha vuelto impagable para las familias de escasos recursos, sino que el servicio se ha caracterizado por apagones financieros y deficiencias constantes. La factura eléctrica mensual se ha transformado en un verdugo que despoja a los dominicanos del fruto de su trabajo, generando un profundo resentimiento social.
A la insoportable carestía de la luz se suma el encarecimiento generalizado de la vida, una realidad que pulveriza el salario de la clase trabajadora. Ir al supermercado o al mercado local se ha convertido en un ejercicio de frustración y malabarismo financiero, donde la canasta básica familiar resulta inalcanzable para la mayoría. El discurso oficial de estabilidad macroeconómica choca de frente con la realidad de las neveras vacías en los hogares dominicanos, creando un abismo insalvable entre el gobierno y los gobernados.
Las necesidades del pueblo dominicano no se limitan a la alimentación y la energía; el colapso silencioso de los servicios públicos básicos agrava el descontento popular. Los hospitales carecen de insumos esenciales, el transporte público sigue siendo un caos costoso y el acceso al agua potable es un lujo intermitente en decenas de comunidades. La sensación de desamparo estatal es generalizada, alimentando la percepción de que la actual gestión gubernamental legisla y gobierna de espaldas a las mayorías.
El PRM parece subestimar el desgaste de su propia base de apoyo, confiando en las estructuras de poder y en la debilidad aparente de la oposición política. Sin embargo, la historia dominicana demuestra que el electorado suele ser sumamente pragmático y severo cuando se siente traicionado en sus expectativas de cambio. La soberbia gubernamental y la desconexión de los funcionarios con las penurias del día a día están cavando la fosa política del partido gobernante de cara al próximo torneo electoral.
La mirada del «francotirador social» no se desvía ante las promesas de megaproyectos de infraestructura o las campañas publicitarias estatales. El ciudadano común evalúa su realidad a través del costo de la cena de cada noche, de las horas que pasa a oscuras por los apagones y de la falta de oportunidades para sus hijos. Cada promesa incumplida y cada justificación oficial ante la crisis no hace más que ajustar la mira del electorado, que procesa su indignación de manera silenciosa pero implacable.
Falta camino por recorrer hacia el 2028, pero el desgaste es acumulativo y difícilmente reversible si no se produce un giro radical en las políticas económicas y sociales. La narrativa del «cambio» que llevó al PRM al poder se ha desgastado bajo el peso de la inflación y la ineficiencia administrativa. El pueblo, que en su momento otorgó un voto de confianza con la esperanza de una transformación real, hoy se siente utilizado y marginado por una élite que percibe como indolente.
Los analistas políticos empiezan a advertir que el descontento actual no se traducirá necesariamente en revueltas callejeras de gran envergadura, sino en una resistencia pasiva extremadamente peligrosa para el oficialismo. La verdadera batalla se librará en el terreno del sufragio, donde la acumulación de carencias actuará como el combustible de una respuesta electoral devastadora. El silencio de las masas no debe confundirse con sumisión; es la concentración del cazador que espera su turno.
El destino del PRM para el 2028 parece estar sellado si la administración actual no logra abaratar el costo de la vida y estabilizar el sistema eléctrico nacional. El pueblo dominicano, curtido en mil batallas democráticas, mantiene el dedo en el gatillo de la decisión electoral, listo para ejecutar el tiro de gracia político contra aquellos que prometieron bienestar y entregaron carestía. La cuenta regresiva ha comenzado, y la mira del francotirador social apunta directo al corazón del poder.
