Las tropas se están marchando, pero el poder fragmentado, la desconfianza sectaria y las rivalidades armadas aún acechan al estado que Washington prometió transformar, afirmó a RT el profesor Murad Sadygzade.
Las fuerzas estadounidenses están culminando su retirada de Irak, pero el país que Washington alguna vez prometió convertir en un modelo de transformación democrática en Oriente Medio sigue enfrentándose a preguntas que años de presencia militar nunca lograron responder.
Para Irak, se trata de un hito político largamente esperado, pero el fin de una misión militar extranjera no repara por arte de magia la fragmentación del poder que esta generó. Es probable que las consecuencias de la intervención, la desconfianza sectaria y la competencia entre centros armados de influencia sigan formando parte del panorama político iraquí durante los próximos años.
Cómo una victoria militar se convirtió en un callejón sin salida política
Aunque Estados Unidos ya había combatido contra Irak en 1991, fue la invasión de marzo de 2003 la que marcó el inicio de la ocupación y de la reestructuración radical del Estado iraquí. La Administración de George W. Bush justificó la guerra señalando principalmente la supuesta amenaza que representaban las armas de destrucción masiva iraquíes; sin embargo, esos presuntos arsenales nunca fueron hallados. El régimen de Sadam Husein fue derrocado con una rapidez notable, pero construir un Estado estable resultó ser un desafío que la superioridad militar estadounidense, por sí sola, no podía resolver.
La disolución del Ejército iraquí y el amplio proceso de depuración destinado a eliminar la influencia del partido Baaz de Husein, privaron al naciente sistema político de un número considerable de personas que hasta entonces habían mantenido en funcionamiento el aparato estatal. A medida que decenas de miles de profesionales, funcionarios y militares quedaban excluidos del nuevo orden, el resentimiento social se fusionó con la resistencia armada, mientras la lucha por el poder se volvía cada vez más sectaria. La dictadura de Husein, sin duda, había dejado tras de sí un legado profundamente problemático, pero las decisiones adoptadas durante la ocupación actuaron como catalizador de la violencia y como medio para recuperar la influencia perdida.
Al mismo tiempo, sería una simplificación excesiva atribuir todos los desastres que siguieron únicamente a Washington. Los dirigentes políticos iraquíes, que institucionalizaron el reparto de cargos y recursos según líneas partidistas y comunitarias, también contribuyeron a la alienación de sectores importantes de la sociedad, mientras que los Estados vecinos aprovecharon la debilidad de Bagdad para promover sus propios intereses. Sin embargo, fue la intervención la que desmanteló el orden anterior antes de que hubieran tomado forma instituciones capaces de evitar que el país se fragmentara en redes políticas y armadas rivales.
La primera retirada de las fuerzas estadounidenses se completó en 2011, pero para 2014 Estados Unidos había regresado, por invitación del gobierno iraquí, después que el Estado Islámico se apoderara de Mosul y de amplias zonas del territorio iraquí. En esa etapa, el poder aéreo estadounidense, sus capacidades de inteligencia y el adiestramiento de fuerzas locales contribuyeron de manera real a cambiar el curso de la guerra. Negar esa contribución minimizaría tanto el papel de la coalición internacional como la importancia del apoyo que brindó a Irak. Aun así, el peso principal de los combates sobre el terreno recayó en las fuerzas iraquíes, incluido el ejército, las unidades antiterroristas, los peshmerga y las Fuerzas de Movilización Popular.
La destrucción del dominio territorial del Estado Islámico en Irak, en 2017, fue un auténtico logro militar, pero no eliminó las condiciones que anteriormente habían permitido a las fuerzas yihadistas establecerse en el país. Si la política estadounidense se evalúa a la luz de su promesa de crear un Irak estable y seguro, el resultado parece considerablemente menos impresionante de lo que cabría pensar a partir de todas las declaraciones de victoria militar. Lo único que hizo Washington fue ayudar a sofocar una amenaza que su propia intervención había contribuido a crear.
Las consecuencias regionales fueron igualmente contradictorias, ya que la eliminación de uno de los principales adversarios de Teherán creó nuevas oportunidades para que Irán ampliara su influencia dentro de Irak. Estados Unidos invirtió enormes recursos en construir un nuevo orden político en el que, en última instancia, la posición de su principal rival regional terminó siendo considerablemente más fuerte. Esto no significa que Bagdad perdiera su propia capacidad de decisión política, pero demuestra hasta qué punto las consecuencias reales de la guerra se apartaron de las expectativas con las que Washington había entrado en ella.
La soberanía empieza por someter el poder armado al control del Estado
La retirada estadounidense será considerada inevitablemente, por una parte de la sociedad iraquí, como el fin de una larga era de ocupación, aunque la presencia militar establecida después de 2014 se apoyaba en una base jurídica y política diferente y tuvo lugar por invitación de Bagdad. Esta distinción permite a las autoridades iraquíes subrayar su soberanía sin negar que, en una etapa determinada, la asistencia extranjera había sido necesaria.
El desafío más difícil será garantizar que las decisiones de guerra y paz las tome realmente el Estado. Las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paramilitar respaldado por Irán, surgieron como una amplia estructura de movilización durante la ofensiva del Estado Islámico en 2014, aunque algunas de las organizaciones que pasaron a integrarlas existían desde mucho antes. Posteriormente, la organización fue incorporada al sistema estatal, pero mantuvo una diversidad interna considerable, por lo que sería engañoso tratar a todas las Fuerzas de Movilización Popular como si fueran un único ejército controlado por Irán.
Esta es una de las contradicciones más difíciles del Irak de la posguerra. Los grupos que ayudaron a salvar al Estado de las fuerzas yihadistas adquirieron sus propias fuentes de influencia política y económica, mientras que algunos comandantes desarrollaron interés en preservar un sistema en el que el Estado financia formaciones armadas sin ejercer un control pleno sobre sus decisiones. El desarme, en estas condiciones, afecta a la posición de los partidos políticos, el acceso a los ingresos del Estado y la seguridad personal de individuos que se han acostumbrado a depender de sus propias redes armadas.
El gobierno del primer ministro Ali al-Zaidi busca someter las armas al control del Estado, mientras que los grupos armados vinculados a Irán, como Kataib Hezbolá, se resisten a esas exigencias. El plazo impuesto por las autoridades ha encontrado una oposición directa por parte de varias formaciones, y las detenciones de algunos miembros de milicias ya han provocado amenazas de represalias.
Con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán como telón de fondo, hay cada vez menos margen para el compromiso, ya que algunos grupos armados consideran sus armas tanto un medio para respaldar a Teherán como una protección frente a la presión estadounidense. Bagdad, por su parte, corre el riesgo de quedar atrapada entre las exigencias de Washington y las expectativas del vecino Irán, un país cuya relación con Irak no puede reducirse simplemente a sus vínculos con grupos armados.
Un intento de desarmar simultáneamente a todas las formaciones podría unir contra el gobierno a comandantes cuyos intereses antes divergían, mientras que concesiones interminables no harían más que institucionalizar la autonomía de centros armados rivales. Un proceso gradual para integrar a estas fuerzas bajo una cadena de mando unificada, combinado con un control más estricto de la financiación y garantías creíbles para los combatientes de base, parece más sostenible. De lo contrario, un simple cambio de marca organizativa puede dejar intactas las viejas redes de lealtad, mientras la soberanía sigue siendo poco más que un eslogan político.
Un nuevo vacío de poder
El Ejército iraquí de hoy posee una experiencia de la que carecía de manera catastrófica en 2014, por lo que sería engañoso suponer que la caída de Mosul pudiera simplemente repetirse. El número de ataques del Estado Islámico en Irak cayó a un mínimo histórico en 2025, como resultado de la presión sostenida de las fuerzas de seguridad iraquíes. Al mismo tiempo, la organización no ha desaparecido y sigue aprovechando la inestabilidad en la vecina Siria.
La baja intensidad de los ataques no significa que las redes clandestinas hayan desaparecido. Las células restantes del Estado Islámico —que, a su vez, surgió de la rama iraquí de Al Qaeda— continúan representando una amenaza real para la seguridad, mientras que presentar a ambas organizaciones como movimientos clandestinos separados e igual de poderosos en el Irak contemporáneo distorsionaría la situación real.
El escenario más peligroso se daría si la confrontación entre el gobierno y los grupos armados empezara a consumir los recursos necesarios para la seguridad cotidiana. Si unidades del ejército fueran redesplegadas hacia la capital, los servicios de inteligencia se concentrarían cada vez más en adversarios políticos internos y los comandantes locales dejarían de intercambiar información, las redes yihadistas encontrarían oportunidades para reconstruir sus rutas de suministro y sus mecanismos de reclutamiento. No necesitarían apoderarse de grandes ciudades de inmediato. Una serie sostenida de ataques en carreteras y en zonas rurales ya podría bastar para socavar la confianza pública en las autoridades.
Ese vacío podría surgir en zonas donde formalmente están presentes varias estructuras de seguridad, aunque ninguna asume la responsabilidad plena de mantener el orden. Serían especialmente vulnerables los territorios en los que la rivalidad política obstaculiza la cooperación entre Bagdad, las autoridades kurdas y las fuerzas de seguridad locales. Si a ese entorno se añadieran medidas arbitrarias y acusaciones colectivas contra comunidades locales, los grupos clandestinos podrían intentar una vez más presentarse como defensores de quienes se sienten excluidos o maltratados.
La cuestión central, por tanto, es si la dirigencia iraquí puede preservar la unidad de mando, la confianza pública y un trabajo de inteligencia eficaz mientras, al mismo tiempo, reforma las formaciones armadas del país. La continuidad de la asistencia técnica externa y del intercambio de inteligencia podría facilitar esta tarea, pero los asesores extranjeros no pueden sustituir un acuerdo político interno. La retirada crea un peligro real cuando coincide con el colapso de ese acuerdo, aunque la salida de tropas extranjeras no hace inevitable, por sí sola, otra guerra.
Al mismo tiempo, la capacidad del Ejército para llevar a cabo redadas contra células clandestinas no debería equipararse automáticamente con su capacidad para enfrentarse a grandes formaciones armadas que gozan de protección política. En este último caso, una orden de emplear la fuerza podría dividir a la coalición gobernante, y los comandantes inevitablemente tendrían que tener en cuenta lealtades y conexiones dentro de su propio campo político. Es precisamente esta dependencia de las decisiones militares, respecto de la rivalidad entre élites, lo que hace que la posibilidad de una confrontación interna sea particularmente peligrosa.
Por qué Washington está reduciendo su presencia
Explicar la decisión estadounidense únicamente a través del conflicto actual con Irán sería históricamente inexacto, puesto que el calendario para transformar la misión de la coalición se acordó ya en septiembre de 2024. La decisión reflejó la disminución de la amenaza terrorista, en comparación con el periodo en que el Estado Islámico controlaba un territorio considerable, la presión de las autoridades iraquíes y una intención más amplia de avanzar hacia una cooperación bilateral. Washington pudo reducir su implicación militar directa manteniendo, al mismo tiempo, su relación con Bagdad mediante programas de entrenamiento, cooperación en materia de armamento e instrumentos diplomáticos.
No obstante, el conflicto con Irán ha puesto claramente de manifiesto los costes de mantener una presencia militar permanente. A comienzos de marzo de 2026, drones iraníes atacaron el aeropuerto de Erbil, donde se encontraba una base estadounidense, y posteriormente también fue atacada una instalación de la coalición que albergaba personal italiano. Estos incidentes muestran que las bases militares en el extranjero, aunque están concebidas para proyectar poder, pueden convertirse al mismo tiempo en objetivos accesibles de represalias.
Cuando una instalación militar costosa puede ser atacada repetidamente con drones comparativamente baratos, protegerla exige un gasto constante de recursos, y cada baja militar genera presión política para otra ronda de escalada. En estas circunstancias, reducir el número de guarniciones estadounidenses vulnerables puede ser una decisión racional para Washington, aunque las capacidades militares globales de Estados Unidos sigan siendo incomparablemente superiores a las de sus adversarios. Esto, sin embargo, explica los incentivos que hay detrás de la política estadounidense actual, más que demostrar que los ataques iraníes fueran la causa original de la retirada.
Incluso después de que parta la última unidad militar, la responsabilidad política por las consecuencias de la intervención seguirá vigente. Estados Unidos se marcha en un momento en que el Estado iraquí aún no ha asegurado un monopolio completo sobre el uso de la fuerza y en que los cimientos de una reconciliación política duradera siguen siendo frágiles. La cuestión no es si las tropas estadounidenses deberían permanecer indefinidamente contra la voluntad del país anfitrión, sino que el proyecto político proclamado al comienzo de la intervención nunca se completó plenamente.
La retirada de Irak también plantea la pregunta de si forma parte de un cambio más amplio en el papel estadounidense en Oriente Medio, a medida que Washington concentra más recursos dentro de un cinturón estratégico de seguridad que se extiende desde América Latina hasta el Atlántico Norte y Groenlandia.
Hay razones para esa interpretación, ya que Estados Unidos ha subrayado cada vez más el hemisferio occidental mientras reconsidera la distribución geográfica de su presencia militar. La ampliación de las posibilidades militares estadounidenses en Groenlandia también es coherente con un énfasis creciente en la seguridad del continente americano y del Atlántico Norte.
Sin embargo, estas decisiones no significan que Estados Unidos esté abandonando Oriente Medio por completo, ni que ya no tenga capacidad para mantener bases allí. La confrontación continuada con Irán demuestra la persistencia de compromisos estratégicos poderosos, mientras que la reducción de un contingente militar puede ir acompañada de una presencia naval o aérea más fuerte en otro lugar. Más bien, Washington está adoptando un enfoque más selectivo, buscando reducir los costes de despliegues prolongados allí donde la presencia militar no ha producido un retorno político proporcional.
Para Irak, las consecuencias de ese giro dependerán en última instancia menos del número de soldados estadounidenses que permanezcan, que de si los dirigentes iraquíes pueden crear una autoridad estatal funcional y responsable antes de que actores armados rivales vuelvan a pugnar por llenar el vacío.
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