El análisis solicitado abarcará los contratos suscritos con Senasa durante el período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, con el objetivo de verificar las atenciones médicas realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por las compañías.
La solicitud fue depositada el pasado 6 de noviembre de 2026, mediante un documento de 50 páginas, en el que la defensa pidió la designación, habilitación y juramentación de un perito para realizar una auditoría médica externa, documental, técnica y retrospectiva de los servicios ofrecidos por ambas empresas a través de la marca comercial Puntos Médicos.
De acuerdo con la instancia presentada ante el tribunal, el peritaje busca examinar las historias clínicas electrónicas de los afiliados atendidos por las compañías, así como los documentos relacionados con las consultas, procedimientos y demás servicios facturados a la aseguradora estatal.
La defensa sostiene que esta evaluación permitirá establecer si las prestaciones médicas registradas corresponden a servicios efectivamente realizados y determinar el nivel de cumplimiento de los contratos suscritos con Senasa.
Defensa había solicitado el peritaje a la Pepca
Según consta en el documento, los abogados de Read Estrella habían solicitado previamente a la Pepca, el 12 de junio de 2026, la realización de esta diligencia de investigación.
Sin embargo, aseguraron que, después de casi cinco meses, el órgano persecutor no había ofrecido una respuesta favorable ni desfavorable a su petición.
Ante esta situación, la defensa acudió al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, amparándose en los artículos 290 y 296 del Código Procesal Penal, relativos a la proposición de diligencias de investigación y la intervención judicial cuando estas no son atendidas.
Los representantes legales argumentaron que la realización del peritaje resulta necesaria para esclarecer los hechos investigados y garantizar el derecho de defensa de Read Estrella durante la etapa preparatoria del proceso penal.
Solicitaron auditoría médica y documentos de la Contraloría
Entre las peticiones presentadas al tribunal figura la designación y juramentación del médico Alejandro Fonseca Granda, propuesto por la defensa para realizar la evaluación técnica.
Asimismo, solicitaron que se estableciera un plazo de 30 días, contados a partir de la juramentación del especialista, para la elaboración y presentación del dictamen pericial.
La instancia también contempla que el Ministerio Público ponga a disposición del perito una copia íntegra del informe CGR-DAF-2025-00024 de la Contraloría General de la República, junto con sus anexos y la relación de las muestras de atenciones médicas y afiliados examinadas durante la auditoría.
De acuerdo con los abogados, estos documentos permitirían contrastar los hallazgos de la Contraloría con los registros clínicos y administrativos de las empresas, a fin de establecer si existe correspondencia entre los servicios facturados y las atenciones médicas registradas.
La defensa también solicitó que se garantice su participación durante el desarrollo de la evaluación, con el propósito de dar seguimiento a las diligencias técnicas y documentales.
Peritaje forma parte de investigación del Caso Cobra
La solicitud está vinculada a una investigación preliminar desarrollada por la Pepca, relacionada con el denominado Caso Cobra, que involucra actuaciones y contrataciones del Seguro Nacional de Salud.
El expediente hace referencia a la solicitud de investigación número 0241, del 19 de marzo de 2025, así como a un informe de la Contraloría General de la República que forma parte de la documentación examinada en el proceso.
Los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Heidy Guerrero González, José Luis Almánzar Paulino y Jorge Antonio López Hilario, representantes de Read Estrella y de las empresas Khersun y Deleste, sostienen que la auditoría médica permitirá aportar elementos técnicos para esclarecer los hechos objeto de investigación.
La autorización judicial representa un avance para la defensa, que busca sustentar mediante documentación clínica y evaluaciones especializadas su posición de que las compañías cumplieron con los servicios contratados por Senasa.
No obstante, la autorización del peritaje no constituye una determinación sobre la existencia o inexistencia de los servicios médicos, debido a que será el análisis técnico el que deberá establecer sus resultados.
Con esta decisión, el proceso incorpora una diligencia solicitada por la defensa para examinar las atenciones médicas y la documentación contractual correspondiente al período investigado.
