Madrid (EFE).- Más de un centenar de activistas han logrado este jueves parar el desahucio de una familia compuesta por Tamara González, su marido y sus tres hijos menores de edad de un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en el madrileño distrito de San Blas-Canillejas.
La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 32, había ordenado el desahucio de esta familia, que vive desde hace doce años en un espacio comercial adaptado como vivienda,
Aplazamiento sin fecha
El Sindicato de San Blas-Canillejas, que ha convocado una concentración a las puertas del inmueble con el lema «Tamara y su familia se quedan», ha negociado con la comisión judicial y ha conseguido un aplazamiento sin fecha.
La movilización ha tenido lugar un día después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su casa el pasado 23 de septiembre en Madrid, tras permanecer dos semanas hospitalizada.
Cuando ha llegado la comisión judicial, los manifestantes han comenzado a corear consignas como «Tamara no estás sola, estamos contigo», «No toleramos ni un desahucio más» o «No son desahucios, son asesinatos» entre otras.
Tamara González ha agradecido el apoyo del Sindicato de San Blas-Canillejas y la movilización de los activistas que han contribuido a lograr un nuevo aplazamiento del desahucio.
Este ha sido el segundo intento de lanzamiento, tras una primera orden de desalojo fijada el pasado 22 de septiembre, que fue suspendida gracias a la movilización vecinal.
Uno de los menores tiene un grado II de dependencia
Uno de los menores tiene un grado II de dependencia y discapacidad, mientras que otra de las niñas sufre de epilepsia y permanece a la espera de una evaluación especializada sobre su grado de minusvalía.
González ha precisado que ha acudido en múltiples ocasiones a la Agencia de Vivienda Social y ha presentado escritos para solicitar un alquiler social y para regularizar su situación, pero sus peticiones han sido denegadas.
«Hoy la Agencia de Vivienda Social ha vuelto a intentar dejar en la calle a una familia vulnerable. Hoy hemos conseguido, gracias a la fuerza de ‘les vecines’, parar este desahucio en puerta. No tenemos nada que agradecerle ni a la Agencia de Vivienda Social ni al Gobierno», han resaltado desde la organización sindical.
La portavoz del Sindicato de San Blas-Canillejas, Naiara Ortega, ha detallado que la notificación de la segunda fecha de desahucio llegó con una semana de margen, sin tiempo para buscar una alternativa habitacional.
«Los desahucios de agentes como la Agencia de Vivienda Social, los fondos buitre y rentistas especuladores que buscan sacar dinero y exprimir a la ciudadanía llevan a que la gente acabe en la calle, sin alternativas, falleciendo, suicidándose o en situaciones de vulnerabilidad», ha remarcado Ortega.
No estaría amparado por los decretos de vivienda
Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid han indicado que se trata de una ocupación ilegal, denunciada judicialmente a través de un procedimiento contencioso-administrativo, por lo que en ningún caso estaría amparado por los decretos de vivienda, incluso si hubieran sido convalidados por el Congreso de los Diputados.
Las mismas fuentes han detallado que, según la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «una persona que está incumpliendo las condiciones legales de acceso a una vivienda pública no puede ser priorizada para recibir otra vivienda pública por el mero hecho de encontrarse en esa situación».
Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo han apuntado que «si existe una situación de necesidad o emergencia social, debe ser valorada por los servicios sociales y por los mecanismos de emergencia que correspondan».
«Vulnerabilidad y ocupación ilegal son dos cuestiones distintas: la primera requiere una respuesta social; la segunda no puede convertirse en una vía de acceso a una vivienda pública», han afirmado desde la Consejería.
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