El esquema comenzaba con la obtención y utilización ilegítima de los datos personales y sensibles de afiliados de la institución. Las personas afectadas, según el expediente, nunca solicitaron, recibieron ni requirieron las prestaciones médicas que posteriormente aparecían registradas a sus nombres.
Para ejecutar la maniobra, se utilizaban datos confidenciales de los afiliados, documentos médicos y administrativos falsificados, así como formularios en los que se hacían constar consultas, diagnósticos y procedimientos que presuntamente nunca fueron realizados.
El expediente establece que la estructura contaba con una división de roles entre empleados internos de SENASA y médicos bajo investigación. Entre los empleados señalados figuran Ángel Luis Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de otros exempleados que continúan bajo investigación.
Estos empleados, de acuerdo con la acusación, tenían acceso a las bases de datos de SENASA, desde donde obtenían información confidencial sobre los afiliados y sus planes de salud. Posteriormente, esos datos eran utilizados para elaborar reclamaciones médicas a nombre de personas que no habían solicitado los servicios.
En los formularios se incorporaban los datos personales de los afiliados, diagnósticos, consultas y procedimientos, además de firmas que, según la investigación, eran falsificadas. Una vez completados, los documentos pasaban a manos de los médicos involucrados.
Los médicos, según el expediente, firmaban y sellaban los formularios y colocaban el código PSS, con lo que se buscaba dar apariencia de legalidad a las reclamaciones y permitir que estas fueran procesadas por el seguro.
En otros casos, Ángel Luis Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y sus asociados facilitaban directamente los datos de los afiliados a los médicos investigados.
Con esa información, se elaboraban reclamaciones sustentadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes, que nunca habían sido solicitados ni realizados. Para completar el trámite, se incorporaban datos falsos y se falsificaban las firmas de los afiliados.
De esta manera, siempre según el expediente, la estructura suplantaba la identidad de los afiliados y utilizaba sus informaciones para generar reclamaciones fraudulentas ante SENASA, con el propósito de obtener pagos y beneficios económicos de manera indebida.
La investigación sostiene que la operación fue planificada, reiterada y sostenida en el tiempo, afectó a miles de afiliados y provocó un perjuicio patrimonial significativo al Seguro Nacional de Salud.
