Dictan tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de intentar introducir drogas al CCR Las Parras

Leonaldo Reyes
Leonaldo Reyes junio 17, 2026
Updated 2026/06/17 at 10:10 PM
2 Min Read
Dictan tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de intentar introducir drogas al CCR Las Parras
Dictan tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de intentar introducir drogas al CCR Las Parras
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Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer acusada de intentar introducir drogas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

La medida fue dictada contra Mercedes Ogando Montero, quien deberá cumplir la coerción en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras continúan las investigaciones del caso.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, la imputada fue arrestada en flagrante delito el 6 de junio de 2026, alrededor de las 10:00 de la mañana, en el área del comedor del CCR Las Parras.

De acuerdo con la acusación, Ogando Montero mostró una actitud sospechosa al notar la presencia de miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), posteriormente, tras ingresar al recinto acompañada de una hija menor de edad, fue sorprendida cuando presuntamente intentaba entregar una funda a un privado de libertad identificado como Wilson Darío Volquez.

  requisa, las autoridades ocuparon una funda de papitas fritas que contenía una porción de un polvo blanco y una porción de un vegetal verde.

Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyos análisis determinaron que correspondían a cocaína clorhidratada, con un peso de 131.46 gramos, y Cannabis sativa (marihuana), con un peso de 20.74 gramos, según el Certificado de Análisis Químico Forense.

Durante la audiencia, el fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez presentó las pruebas que, según el Ministerio Público, vinculan a la imputada con los hechos investigados.

La jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida de coerción por presunta violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

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