La organización cuestionó el manejo de la política arrocera del Gobierno del presidente Luis Abinader, al señalar que, luego de prometer protección a la producción nacional frente a las importaciones de arroz estadounidense, las autoridades decidieron eliminar esa medida en medio de los reclamos de Estados Unidos sobre el cumplimiento del acuerdo comercial DR-CAFTA.
El PLD también cuestionó la transparencia de la decisión y preguntó por qué se derogó el Decreto 693-24 sin que, según afirmó, se presentara una solución concreta para el sector.
La organización sostuvo que el Gobierno conocía desde agosto de 2020 que el período de desgravación arancelaria del arroz establecido en el DR-CAFTA concluiría el 1 de enero de 2025, por lo que consideró que la administración debía preparar a los productores entre 2021 y 2024 para enfrentar las nuevas condiciones de competencia.
Sin embargo, a pocos días de concluir ese período, el mandatario emitió el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, que establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libres de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que superaran esa cantidad.
El partido también cuestionó que durante ese mismo año el Gobierno autorizara importaciones de arroz que, según el documento de la organización, alcanzaron los 4.7 millones de quintales.
Asimismo, recordó que en septiembre de 2021 el Gobierno derogó el Decreto 569-12, emitido durante la administración del expresidente Danilo Medina, que establecía subastas públicas para otorgar permisos de importación de productos agropecuarios. A juicio del PLD, esa decisión permitió realizar importaciones sin suficientes garantías de transparencia.
La organización consideró cuestionable que el Gobierno generara expectativas de protección entre los productores y posteriormente retirara la medida sin presentar, al mismo tiempo, una solución para los problemas del sector.
PLD cuestiona avances en la modernización arrocera
El partido señaló que, después de seis años de gestión, las autoridades no han presentado públicamente una evaluación integral sobre los avances en la reducción de los costos de producción, el mejoramiento de los rendimientos agrícolas, la modernización de los sistemas de riego, la mecanización y el fortalecimiento de la competitividad del arroz dominicano.
En contraste, destacó las medidas que, según afirmó, fueron ejecutadas durante los gobiernos del PLD para mejorar la competitividad del sector, entre ellas el mejoramiento genético, la nivelación de suelos mediante tecnología GPS, el apoyo a la comercialización a través de la pignoración, la rehabilitación de caminos interparcelarios y canales de riego, el acceso al crédito y el control de las importaciones.
El documento menciona las variedades de arroz Juma 68-18 y Juma 69-20, así como la Juma 70-22, que, según indicó, quedó lista durante esa gestión.
De acuerdo con los datos presentados por el PLD, esas acciones permitieron aumentar la productividad del arroz de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 kilogramos por hectárea en 2019, un incremento de 1,018 kilogramos por hectárea.
La organización también recordó que durante el Gobierno de Danilo Medina se creó una comisión de alto nivel integrada por los ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y Agricultura, junto con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), para analizar la desgravación arancelaria de productos sensibles como el arroz y establecer un diálogo con Estados Unidos.
Según el documento, Medina conversó con el entonces presidente estadounidense Donald Trump y solicitó extender por diez años el período de desgravación arancelaria, con el objetivo de continuar el programa de mejora del sector arrocero dominicano.
Las propuestas del PLD para el sector arrocero
Ante la situación, el partido planteó convocar una mesa nacional de negociación con representantes de los productores, industriales arroceros y autoridades competentes, a fin de evaluar las consecuencias de la derogación y acordar un programa de acción inmediata.
También solicitó presentar una evaluación de la política arrocera ejecutada entre 2021 y 2026, que detalle los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos de producción y las medidas adoptadas para preparar al sector ante la apertura comercial.
Asimismo, pidió explicar públicamente las razones que llevaron a emitir y posteriormente derogar el Decreto 693-24, incluidos los informes jurídicos que sustentaron ambas decisiones, las comunicaciones con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan).
La organización propuso además iniciar negociaciones formales con Estados Unidos para identificar mecanismos de cooperación, transición y apoyo a los productores compatibles con el DR-CAFTA, sin generar nuevas expectativas de protección que luego no puedan cumplirse.
Como parte de sus planteamientos, el PLD pidió poner en marcha un programa extraordinario de modernización del sector arrocero, con financiamiento definido y metas verificables. La iniciativa incluiría rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, acceso al crédito, asistencia técnica, reducción de costos y apoyo especial a pequeños y medianos productores.
La propuesta también contempla medidas transitorias para atender posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización derivadas de la apertura comercial.
El PLD señaló que el Gobierno ha reiterado su respaldo a los productores. Indicó que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, declaró recientemente que las autoridades buscarán nuevas conversaciones con Estados Unidos y mantendrán su apoyo al sector, aunque no precisó las medidas que se implementarían.
La organización sostuvo que los productores necesitan decisiones, recursos, plazos y garantías institucionales, más allá de declaraciones de buena voluntad.
El partido destacó que el arroz constituye un componente fundamental de la seguridad alimentaria dominicana y una fuente importante de empleo e ingresos rurales. Citó datos de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), según los cuales el sector reúne alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Finalmente, el PLD insistió en que la protección de la producción nacional debe sustentarse en una política de desarrollo productivo que permita a los agricultores competir, preservar el empleo rural y garantizar la seguridad alimentaria.
Por ello, reiteró su exigencia de que el Gobierno explique cómo protegerá la capacidad productiva nacional y presente un plan de contingencia y modernización que contribuya a garantizar la rentabilidad de la actividad arrocera y precios asequibles para los consumidores dominicanos.
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