Por Leonaldo Reyes
La paralización de la vida diaria fue instantánea y total. El cese del Metro de Santo Domingo, vital para miles de trabajadores, y el colapso del tránsito por la inoperatividad de los semáforos, convirtieron las calles en un embudo inmanejable. Para el ciudadano de a pie, esta interrupción se traduce en horas de viaje perdidas, alimentos dañados en casa, y la interrupción de actividades esenciales, desde la escuela hasta el comercio. La vida económica, especialmente las pequeñas empresas, sufren pérdidas irrecuperables por cada hora sin energía.
El problema de fondo es multifactorial, y ya no puede ser minimizado. Expertos señalan un crecimiento de la demanda energética (6-8% anual) que ha superado toda proyección, dejando al sistema operando con una reserva de generación crítica o nula. A esto se suma la dependencia de combustibles fósiles importados, lo cual expone al país a la volatilidad de los precios internacionales y la hace vulnerable a cualquier fallo en las grandes plantas generadoras, como la avería en la subestación de San Pedro de Macorís que desencadenó el reciente blackout.
Esta realidad se agrava por problemas operativos crónicos, incluyendo las pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas no técnicas —robos y conexiones ilegales—, además de ser un delito, sobrecargan la red y comprometen la calidad del servicio para todos. Las pérdidas técnicas, causadas por el mal estado y la falta de inversión en mantenimiento de las redes de transmisión y distribución, generan fallas en cadena que provocan cortes localizados y, peor aún, colapsos a nivel nacional.
La respuesta de la ciudadanía ante un problema que se creía superado no se hizo esperar. Las protestas con quema de neumáticos y bloqueos de calles son el grito de hartazgo de una población que se siente estancada por la incapacidad de sus autoridades para proveer un servicio básico y esencial. El malestar es profundo, ya que los apagones no solo son una incomodidad, sino un deterioro directo de la calidad de vida y un freno al desarrollo económico y la competitividad del país.
Es imperativo que la respuesta oficial trascienda la mera promesa de restablecer el servicio. Se requiere un plan de acción urgente, transparente y a largo plazo que priorice la diversificación de la matriz energética hacia fuentes más limpias y estables (como la eólica o solar), y una inversión masiva en la modernización de las redes de transmisión y distribución. Solo una gestión transparente y una inversión real en infraestructura podrán blindar a la República Dominicana de futuras «noches en vela».
La oscuridad de este apagón debe ser la luz que ilumine la voluntad política para enfrentar esta crisis de una vez por todas. La seguridad energética no es un lujo, sino un pilar fundamental para la estabilidad social y el progreso. Once millones de dominicanos merecen un servicio eléctrico confiable; el costo de la inacción es simplemente insostenible.
