A pesar de que hace casi dos años el presidente de la República, Luis Abinader, le pidió a sus funcionarios que no cancelaran empleados de las instituciones que dirigen si no tienen el presupuesto con qué pagar las prestaciones laborales, algunos han desacatado las órdenes del jefe de Estado.
Esto se basa en que varios funcionarios e instituciones públicas han sido sometidas a la justicia por el incumplimiento en el pago de los derechos adquiridos por los trabajadores del sector público que han sido cancelados desde el 2020, cuando Abinader llegó al poder.
Algunos de estos funcionarios han visto cómo sus cuentas personales han sido embargadas retentivamente por desacatar sentencias emanadas desde la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional.
Recientemente, las cuentas del director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán, fueron embargadas retentivamente porque esa entidad adeuda más de 29 millones de pesos en pagos de liquidación a 17 exempleados que fueron desvinculados en su gestión.
También, precisamente esta semana, la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo), que acciona dentro del Ministerio de Trabajo, demandó hoy a ese organismo y al ministro, Luis Miguel de Camps, por alegados incumplimientos de pagos por más de 600 millones de pesos y maltratos recurrentes en sus labores.
De acuerdo a un documento, el recurso fue depositado ante el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Oliver Batia, en representación de los 174 servidores asociados a Asitraredo, dentro de las 40 representaciones locales del Ministerio de Trabajo.
No es la primera vez que se le realizan embargos retentivos a funcionarios e instituciones públicas de este gobierno por el incumpliendo de las prestaciones laborales a exempleados que fueron cancelados.
Se recuerda que el exdirector del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, fue sometido a la justicia por parte del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, por incumplir con el pago de prestaciones laborales a exempleados.
Recientemente, las cuentas del Ministerio de Salud Pública fueron embargadas por también incumplir con el pago de las prestaciones laborales.
En mayo del 2021, Luis Abinader, dijo que ninguna institución del Estado debe hacer desvinculaciones de empleados si no tiene los recursos para pagar las presiones laborales como lo establece la ley.
En aquella ocasión Abinader dijo que había hablado con el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, con la finalidad de que sean pagadas las prestaciones laborales de los empleados públicos desvinculados. Sin embargo, a finales del 2022, el propio Rijo Presbot fue demandado por la cancelación de varios técnicos sin el pago de sus prestaciones.
