Así lo establece la solicitud de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”, dueño de la propiedad allanada por las autoridades. De acuerdo con la instancia, la investigación comenzó luego de que el menor de iniciales D.E.Y., de 12 años, fuera evaluado por una médico legista tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.
El examen habría documentado múltiples lesiones con patrón de cinturón cicatrizadas en el rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda, además de quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, también en proceso de cicatrización.
El expediente señala que, durante la entrevista realizada por una psicóloga forense, el menor manifestó que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar labores con madera destinadas a la construcción de una casa.
Según su relato, también habría sido sometido a golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos durante varios días y permanencia de rodillas durante largas horas, en ocasiones sosteniendo un objeto pesado sobre su cabeza.
El menor habría descrito además otros castigos, entre ellos encierro en solitario durante períodos prolongados, golpes con correas y la obligación de permanecer hincado sobre un guayo. También expresó que no quería regresar al lugar debido a los presuntos abusos que habría sufrido.
La instancia sostiene que el niño era oriundo de El Seibo y que su madre lo trasladó hasta el lugar y lo dejó bajo el control de Ángel Gabriel Capellán, a quien el menor atribuyó los maltratos.
Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de arresto contra Capellán, la cual fue ejecutada la noche del 29 de agosto de 2026.
Posteriormente, durante las labores de investigación, las autoridades identificaron a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalado en el expediente como la persona que habría movilizado a varios menores desde la propiedad donde funcionaba la Fundación Restaurando Vida hasta otra vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares.
El documento indica que Muñoz Rodríguez se desplazaba en un Toyota Corolla CE, año 1994, color beige, placa A272601, y que luego permaneció caminando en los alrededores de la propiedad, por lo que fue detenido para fines de investigación y posteriormente dejado en libertad.
La investigación continuó y el 30 de agosto las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en varias propiedades vinculadas al caso. En uno de los inmuebles fueron encontradas pertenencias asociadas a menores de distintas edades, entre ellas ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos escolares, documentos de identidad y actas de nacimiento, además de armas blancas y otros objetos.
Durante el operativo, las autoridades encontraron también a nueve menores de edad en una vivienda del sector El Carril, algunos de ellos de muy corta edad, acompañados por dos mujeres adultas. El expediente señala que dos de los menores fueron posteriormente entregados a su madre.
La Fiscalía afirma que la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” no contaba con autorización de una autoridad competente para funcionar como hogar de acogida para niños, niñas y adolescentes, por lo que considera irregular la recepción y retención de menores en el lugar.
Entre los documentos ocupados durante los allanamientos figura además una comunicación de CONANI fechada el 30 de octubre de 2020, mediante la cual se habría dispuesto la suspensión del funcionamiento de la fundación y se habría prohibido el ingreso de niños, niñas y adolescentes a sus instalaciones. También se habría solicitado iniciar la reinserción familiar de los menores que se encontraban acogidos.
El Ministerio Público acusa a Capellán de violaciones relacionadas con trabajo o servicio forzado en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, además de otras infracciones contempladas en las leyes 137-03 y 136-03, mientras que atribuye a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez una participación en calidad de cómplice.
La Fiscalía solicitó al tribunal imponer a ambos imputados prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos, la existencia de peligro de fuga y la falta de arraigo suficiente para garantizar su sometimiento al proceso.
Las acusaciones forman parte de una solicitud de medida de coerción y, por tanto, corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal de los imputados.
